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Dinamarca valora exigir la presentación de la documentación de precios de transferencia de forma contemporanea con la declaración del Impuesto sobre Sociedades

El pasado 8 de octubre, coincidiendo con el inicio de curso parlamentario en Dinamarna, se presentó a debate un proyecto de ley que modifica los términos de presentación de la documentación de precios de transferencia y las consecuencias de la falta de presentación.

Hasta la fecha, como en la mayoría de los países de la UE, las normas de precios de transferencia danesas exigen a los contribuyentes la preparación de documentación de precios de transferencia y su puesta a disposición de la Administración Tributaria bajo requerimiento. Desde 1 de enero de 2019, dicha documentación debe ser contemporanea, es decir, debe estar preparada y disponible en el momento de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. En caso de incumplimiento de la obligación de preparación contemporánea de la documentación de precios de transferencia, la Administración Tributaria puede ignorarla en la corrección de los precios de transferencia.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo danés de 2019 sobre el Caso Microsoft (SKM2019.136.HR) limitó la capacidad de la Administración Tributaria de ignorar la documentación de precios de transferencia preparada por el contribuyente de forma no-contemporánea, es decir, posteriormente a la presentación de la declaración.

El proyecto de ley del 4 de octubre trata de dar respuesta a esta Sentencia del Tribunal Supremo, mediante la introducción de la obligación de presentar la documentación de precios de transferencia conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, de forma que ya no quepa la posibilidad de prepararla con posterioridad. Asimismo, el proyecto de ley aclara los efectos del incumplimiento, permitiendo a la Administración Tributaria danesa la realización de ajustes de precios de transferencia.

Si este proyecto de ley es finalmente aprobado, Dinamarca se convertiría en el primer país de la UE en exigir la presentación de la documentación de precios de transferencia conjuntamente con la declaración, como es ocurre en algunos países de Latinoamérica. 

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