A medida que todos nos vamos acostumbrando al hecho de que el Coronavirus es una realidad, muchas empresas tienen que ocuparse de cuestiones operativas inmediatas y gestionar las posibles tensiones del flujo de caja, negociando con los empleados, los proveedores y las instituciones financieras, entre otros. Las empresas están centrando sus esfuerzos en la aplicación de medidas para mitigar, en la medida de lo posible, el impacto económico negativo que tendrán en la actividad económica tanto a nivel nacional como internacional. En su mayor parte, se desconoce actualmente el alcance global de este impacto económico y estamos lidiando con nueva información que cambia diariamente los posibles resultados. Los grupos multinacionales necesitan tomar ciertas decisiones con respecto a las necesidades operacionales inmediatas y lo hacen tomando su actividad global en su conjunto, no necesariamente restringen los análisis a las operaciones en cada país por separado. Pero ¿se han planteado que implicaciones pueden derivarse en materia de precios de transferencia?
Sin duda, muchas empresas estarán sujetas a pérdidas de explotación durante los próximos meses y posiblemente años. Las pérdidas se producirán por varios motivos, algunos de ellos inmediatos y tal vez temporales, como la pérdida de ingresos, el cese de la actividad o el coste de despido de empleados, y otros serán permanentes, como la incapacidad de absorber los costes fijos con un volumen de negocio futuro más reducido. En el caso de los grupos multinacionales, ¿deberían repartirse estas pérdidas entre los distintos países?
¿Deberían los grupos multinacionales que utilizan estructuras de principal con distribuidores de riesgo limitado, proveedores de servicios de riesgo limitado y maquiladoras o fabricantes por contrato tratar de repartir estas pérdidas entre todas las entidades de la estructura o debería ser el principal quien asumiera la totalidad del impacto? Tal vez, pero “riesgo limitado” significa riesgo limitado, no significa necesariamente “sin riesgo”. Con independencia de la posición que se adopte, debemos estar preparados para defender dentro de unos años (cuando la gravedad de la situación actual esté casi olvidada) la posición de pérdidas ante las administraciones locales.
La revisión de los contratos y acuerdos de precios de transferencia vigentes actualmente en el grupo puede arrojar luz sobre la forma en que se distribuyen ciertos riesgos entre las entidades, pero es poco probable que dichos acuerdos intragrupo hayan previsto disposiciones que traten de forma eficaz circunstancias como la que estamos viviendo actualmente.
Las empresas, de una forma u otra, sobrevivirán al Coronavirus, y por ello es recomendable planificar una estrategia de precios de transferencia nueva o modificada con carácter prioritario (o al menos tan pronto como volvamos a la nueva “normalidad”) y preparar la estrategia de defensa de las decisiones adoptadas, recopilando las pruebas específicas disponibles en el momento de la toma de decisiones. Entre las cuestiones que deben abordarse figuran la asignación de las pérdidas incurridas, la cuantificación de esas pérdidas, qué entidades asumirán los gastos financieros adicionales, cómo modificar las políticas actuales para que reflejen la “nueva normalidad”, la reestructuración de las operaciones, la reducción de los márgenes, la preparación de documentación contemporánea (es decir, el año en curso) cuando no se disponga de información financiera comparable hasta 2022, el análisis de los riesgos y la asignación de los mismos, si se enfrenta el cese de una actividad, qué haría un tercero, si existen alternativas disponibles…